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Lo peor del plan de austeridad del Gobierno, que pretende recortar el gasto del Estado en 50.000 millones de aquí a 2013, no sólo es que llegue tarde y que además resulte escasamente creíble. Lo más indignante de todo es que se deje en el tintero a quienes deberían predicar con el ejemplo: nuestros gobernantes.

Como en la fábula de la cigarra y la hormiga, el Ejecutivo ha estado tocando indolentemente la mandolina sin querer apercibirse de la llegada del crudo invierno, mientras el contribuyente trabajaba. Y como en la fábula de Samaniego, a la hora de apretarse el cinturón, cuando el frío del endeudamiento y el déficit público se le ha echado encima, el Ejecutivo de Zapatero tiene la inmensa caradura de exigir sacrificios al ciudadano, mientras él mismo trata de irse de rositas.

Porque, hasta ahora, eso es lo que ha hecho un Gobierno con 400 altos cargos que, sumados a los de las administraciones autonómicas y locales, alcanzan la friolera de los 77.000 puestos, con el coste que supone su mantenimiento y la ristra de privilegios, dietas, subvenciones y ventajas fiscales que éstos comportan. No parece que ese régimen de lujo vaya a cambiar. Mientras que 1,2 millones de familias ya tienen a todos sus miembros en el paro, sigue creciendo el número de los funcionarios y el Gobierno aumenta un 2,3% las partidas de gasto de personal en unos presupuestos (los de 2010) que, según la vicepresidenta Fernández, están inspirados en la austeridad.

LA GACETA aporta hoy un detallado informe sobre lo que el Ejecutivo y las otras administraciones entienden por austeridad. Desde los 160.000 euros que el Congreso gasta cada año en regalos de Navidad hasta los 234 coches oficiales del Gobierno andaluz, pasando por el Audi A8 del alcalde Ruiz-Gallardón, que cuesta 591.624 euros. Desde los 792.000 euros invertidos por la Generalitat en gastos superfluos hasta los privilegios fiscales de sus señorías (Hacienda sólo retiene un 4,5% de las nóminas de diputados y senadores).

Este tren de vida y gasto no siempre se corresponde con el rendimiento exigible a nuestros representantes. Cierto que hay mucho diputado o alcalde responsable y trabajador. Pero a los ciudadanos les chirría que el Congreso se tome vacaciones todos los meses de enero y las fotos del hemiciclo semivacío no son nada infrecuentes, aunque eso sí sus señorías disponen de cinco millones de euros al año para viajar. Y en muchos casos, la falta de control y la opacidad en el uso de esos recursos constituye un caldo de cultivo para la corrupción, singularmente en la política local y autonómica.

¿Se puede permitir el lujo la España de los cuatro millones de parados y del déficit del 11,4% de que alcaldes de localidades de 1.000 habitantes tengan sueldos de 4.000 euros mensuales?

¿Algo permite pensar que se va a poner coto al despilfarro con el plan de austeridad? En absoluto. La propia Salgado ya ha dicho que no se va a reducir el número de ministerios (a pesar de que tres de ellos ya han sido puestos en la picota por superfluos: Vivienda, Cultura e Igualdad). Y que los altos cargos del Ejecutivo son intocables. Es decir casi un millar de señores, si sumamos a los 600 asesores del Gabinete cuyo papel, por cierto, es difícilmente explicable.

En suma, el cinturón del Gobierno y de las administraciones autonómicas y locales no tiene agujeros para apretarse el cinturón ante una de las encrucijadas más dramáticas de la economía nacional

Artículo Original: intereconomia.com